El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón. El nuevo gobierno se auto tituló “Proceso de Reorganización Nacional” y sus primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para quienes hirieran o mataran a cualquier integrante de las fuerzas de seguridad, la “limpieza” de la Corte Suprema de Justicia, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política, la fuerte censura sobre los medios de comunicación y el reemplazo del Congreso por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), también integrada por civiles y militares, cuyas funciones nunca se precisaron detalladamente.

A poco de andar, sin embargo, quedó en evidencia que las Fuerzas Armadas habían asumido el poder político como representantes de los intereses de los grandes grupos económicos, quienes pusieron en marcha un plan que terminaría por desmantelar el aparato productivo del país.

Las Fuerzas Armadas pusieron todos los resortes del Estado al servicio de una represión sistemática y brutal contra todo lo que arbitrariamente definían como el “enemigo subversivo”. Los crímenes cometidos por los militares son hoy denominados en el derecho internacional como “delito de lesa humanidad”. Treinta mil desaparecidos, 400 niños robados y un país destruido fue el saldo más grave de la ocupación militar.

Las persecuciones, la censura y la desaparición de personas se extendieron a todos los ámbitos de la vida y la educación no fue una excepción. A dos días del golpe, el contraalmirante César Guzzeti, delegado militar ante el Ministerio de Cultura y Educación, designaba uniformados en todas las direcciones nacionales y generales del Ministerio. Todas sus dependencias fueron ocupadas por miembros de las Fuerzas Armadas.

Se trataba de disciplinar al sistema educativo, y erradicar de él los elementos “subversivos”. Así, el Ministerio de Educación publicó un panfleto denominado “Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo”, que tenía por objetivo “erradicar la subversión del ámbito educativo y promover la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad de ser argentino”. Por resolución Nº 538 del 27 de octubre de 1977, el folleto debía ser distribuido en todos los establecimientos educativos del país, entre personal docente, administrativos y alumnos, en caso de considerárselo adecuado. La desaparición forzada de personas fue muy extendida entre docentes, investigadores y estudiantes.

En 1978, al mando del coronel Agustín C. Valladares se llevó a cabo la “Operación Claridad”, como se denominó al espionaje e investigación de funcionarios y personalidades vinculadas con la cultura y la educación. Valladares mantenía reuniones con directivos de los establecimientos educativos a fin de lograr que se cumplieran sus órdenes. Transcribimos a continuación el testimonio de Rubén Cacuzza, quien como rector de una institución educativa, participó en uno de aquellos encuentros: